En los últimos días, el municipio de Rosario de la Frontera se hizo eco de una denuncia pública acerca de la condición laboral de los trabajadores del supermercado Kuvefa, propiedad del actual presidente del Concejo Deliberante, Kuldeep Singh.

Según denunciaron, Singh tiene alrededor de veinte empleados y la mayoría, trabajan irregular, más conocido como “trabajo en negro”, es decir que no están dados de alta en la Seguridad Social, por lo que no tienen ningún tipo de protección laboral. Además, señalaron que el monto de pago está muy por debajo de las horas de trabajo que les impondría a los trabajadores el titular del cuerpo deliberante.

En ese marco, vecinos del municipio se sumaron a la denuncia y repudiaron que, frente a la situación económica actual, un funcionario que debería dar el ejemplo, “se aproveche de la necesidad de trabajo de la gente” y de cómo hasta el momento parece haberse librado de inspecciones de AFIP y el Sistema General de Rentas.

Pese a la gravedad de las denuncias, el actual presidente del Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera tiene antecedentes que ratifican la veracidad de las mismas. En octubre de 2018 cuando se desempeñaba como diputado, Singh fue acusado de un robo comando junto a otros a la empresa Nutribras en el Parque Industrial de General Güemes, en el que mediaron armas de fuego y privaron de la libertad a empleados de dicha empresa.

En noviembre de ese año, fue destituido y entró a la cárcel. Pero en enero de 2019 consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria y tan solo un mes después, la jueza Ada Zunino le concedió las salidas a trabajar, justamente al supermercado en el que hoy es acusado de explotar a sus empleados.

Al poco tiempo Kuldeep Singh volvió a su vida normal, la acusación de privación de la libertad fue desestimada y la otra quedó archivada hasta junio del año pasado. Sin embargo, en 2021 Singh se presentó con total impunidad como candidato a concejal, consiguió la banca y meses después, en febrero de 2022 asumió como nada menos que presidente del cuerpo deliberante de Rosario de la Frontera, cargo que mantiene hasta ahora, mientras en paralelo factura con sus empresas, a costa del trabajo no declarado de sus empleados

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